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Publicado el: 04/02/2025Ecuador regula el uso de celulares en las aulas: nueva política educativa inicia en mayo El Ministerio de Educación de Ecuador ha tomado la decisión de regular el uso de los teléfonos móviles en las instituciones educativas. Esta medida se basa en rigurosos estudios técnicos, consultas a la comunidad educativa y análisis científicos que evidencian el impacto negativo que el uso desmedido de estos dispositivos tiene en el entorno escolar. La iniciativa empezará a implementarse en las instituciones de la región Costa-Galápagos a partir del 5 de mayo de 2025, y en septiembre en la Sierra y Amazonía. De esta manera, el gobierno busca establecer un marco claro que garantice un uso responsable de la tecnología en las aulas, fomentando su aprovechamiento pedagógico y evitando sus efectos nocivos. La ministra de Educación, Alegría Crespo, explicó que el objetivo no es satanizar la tecnología, sino aprovecharla de forma estratégica y adecuada. “La tecnología es una herramienta fantástica si se utiliza para investigar, crear y aprender. Pero si se convierte en un distractor constante, termina por afectar la calidad educativaâ€, expresó. Uno de los argumentos más contundentes es el impacto que tiene el uso indiscriminado del celular en la concentración y el rendimiento académico de los estudiantes. Según encuestas realizadas por la misma cartera de Estado, el 77 % de los estudiantes considera que el celular los distrae en clase, mientras que el 82 % de los docentes observa una disminución en el rendimiento académico debido al uso del móvil. Además, el 83 % de los estudiantes admite que su uso principal del celular es para entretenimiento, no para aprender. La ministra también reveló datos preocupantes sobre el uso de redes sociales durante la jornada escolar. Cuatro de cada diez estudiantes han sido víctimas de acoso sexual en línea, una cifra que evidencia la vulnerabilidad de los menores en el entorno digital. A esto se suman riesgos para la salud física y mental, como trastornos musculoesqueléticos, fatiga visual, ansiedad, adicción al contenido digital y deterioro de habilidades sociales. La medida, por lo tanto, no solo busca mejorar el enfoque pedagógico, sino también proteger la integridad y el bienestar de los estudiantes. La nueva política educativa establece una prohibición total del uso de celulares en el aula hasta décimo año de educación básica. A partir del nivel de bachillerato, el uso será permitido exclusivamente con fines pedagógicos, investigativos o de seguridad, bajo supervisión del personal docente. Es importante señalar que esta regulación no afectará el uso de tablets o computadoras, que seguirán siendo utilizadas como recursos educativos complementarios. Ecuador no está solo en esta decisión. Países como Francia, Brasil y Australia ya han implementado políticas similares, reconociendo los desafíos que representa el uso excesivo de los teléfonos inteligentes en la formación académica. En muchos casos, estas medidas han traído consigo mejoras significativas en el rendimiento escolar, la participación en clase y el clima escolar. Con esta nueva regulación, Ecuador se suma a esta tendencia global que prioriza el aprendizaje, la concentración y el desarrollo integral de los estudiantes. De acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio de Educación, el país cuenta con un total de 4′106.819 estudiantes, de los cuales 861.357 pertenecen al nivel de bachillerato. En la región Costa-Galápagos se concentran 494.026 estudiantes de bachillerato, mientras que 367.331 están en la Sierra y Amazonía. Esto significa que cerca de 860.000 alumnos podrán hacer uso controlado de los celulares en el aula, mientras que más de 3 millones de estudiantes deberán dejar sus dispositivos fuera del entorno escolar, al menos durante la jornada de clases. No se trata de una decisión unilateral. El Ministerio de Educación realizó un proceso amplio de investigación y consulta antes de anunciar esta política. Se llevaron a cabo encuestas a casi 15.000 personas, incluyendo estudiantes, docentes y padres de familia. Además, se hizo un estudio cualitativo con 142 estudiantes, 70 docentes y 3 médicos especialistas, así como revisiones documentales y análisis de artículos científicos. Todo este trabajo permitió construir una política pública basada en evidencia, sensibilidad social y enfoque pedagógico. 
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